El Gobierno ignora las recomendaciones de la CNMC y fija la retribución de las renovables basándose en previsiones de precios alejadas de la realidad

La Orden por la que se actualizan los parámetros retributivos de las renovables, publicada ayer en el BOE, confirma las peores sospechas del sector: el regulador ha ignorado tanto las recomendaciones emitidas por la CNMC hasta en tres distintos informes como las alegaciones de las compañías y de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y ha mantenido como referencia para el cálculo de la retribución regulada un precio de mercado artificialmente alto en vez de los precios de los mercados de futuros. Como consecuencia, la eólica –el sector más afectado por ser el más vulnerable a las variaciones de precios del mercado– ingresará en tres años unos 400 millones de euros (un 38%) menos de lo que le correspondería, según los cálculos de AEE.

En la orden ministerial, que fija la retribución de las renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2020, el regulador ha vuelto a tomar como referencia un precio de mercado de 52 euros/MWh a partir de 2020 –el mismo que en el semiperiodo anterior, que ha resultado ser desacertado– en vez de los 41,62 que eran la referencia tomada por el propio Gobierno en la memoria de la Orden por la que se aprueba la previsión de ingresos y costes del sistema para 2017-2022, lo que la CNMC califica de “abierta contradicción”. La CNMC afirma que echa en falta “la concreción de una metodología reproducible que defina expresamente la forma de obtención de dichas estimaciones”.

En un segundo informe, sobre la Orden de peajes de 2017, la CNMC señala que “no se justifica” que de 2020 en adelante se adopte la hipótesis de que el precio se sitúe a esos niveles, como ya se hizo en 2014, “con la diferencia de que ahora se compadece mal con la de aquellos precios para cuya estimación sí existe una metodología, ligada además a las cotizaciones del mercado de futuros” (hoy los precios de los futuros para 2020 se sitúan en 42,62 euros).

En el informe sobre la orden de revisión de parámetros publicada ayer en el BOE, la CNMC va más allá: “La mejor manera de salvaguardar la estabilidad financiera que la regulación persigue pasaría por adoptar una previsión continuista con respecto a la empleada para aquellos años en los que sí se dispone de un procedimiento de cálculo apoyado en los resultados de los mercados a plazo”.

En los últimos tres años, las empresas eólicas han cobrado una media de 6,37 euros/MWh menos de retribución por la desviación a la baja de la senda de precios prevista en la ley. La diferencia entre las previsiones de precios y la realidad ha supuesto que el sector haya dejado de ingresar 630 millones de euros. Teniendo en cuenta esta experiencia, no se entiende que el Gobierno apueste por perpetuar la situación justo cuando podía haber optado por corregirla.

Es más, la orden de parámetros introduce no un incremento a la retribución de las renovables, sino una compensación a las empresas por los errores de cálculo cometidos por el regulador en el primer semiperiodo: si las previsiones de precios de hace tres años se hubiesen basado en la realidad y no hubiesen sido artificialmente elevadas, el regulador no tendría que corregir ahora al alza la retribución.

Ahora bien, la existencia de unos límites a las compensaciones a las que tiene derecho el sector cuando se producen estas desviaciones en los precios impide que las empresas sean compensadas con el 100% de la cantidad necesaria para alcanzar la rentabilidad razonable prevista al final de su vida útil. En el caso del sector eólico, las compensaciones serán sólo por el 36% de lo que le correspondería para el primer semiperiodo, que finalizó el pasado 31 de diciembre. El sector considera que estos límites deberían ser eliminados, como también tendría que serlo la posibilidad de que la propia rentabilidad razonable sea variable –el Gobierno puede modificarla cada seis años, la primera vez a finales de 2019–. Estas dos circunstancias, que impiden que las empresas obtengan los ingresos que les promete la propia ley, demuestran tanto la inestabilidad del sistema como su arbitrariedad.

Sin esa estabilidad, va a ser difícil que en España se hagan las inversiones eólicas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales y la Transición Energética y se pone en riesgo el futuro de un sector que exporta tecnología por valor de unos 3.000 millones de euros anuales, da empleo a 22.500 personas y rebaja el precio de la electricidad.

El sector eólico ha sido en términos absolutos el más golpeado por la Reforma Energética: en los primeros tres años completos desde su aplicación, los ingresos del sector han descendido un 34%, lo que en muchos casos ha puesto a las empresas en dificultades para atender el servicio de la deuda. El mercado doméstico se ha paralizado: desde finales de 2013, se han instalado 65 MW en España (en Europa, sólo en 2016 se instalaron 12.500 nuevos megavatios eólicos), y los fabricantes de aerogeneradores han exportado el 100% de su producción, lo que dificulta que permanezcan en el país. Estas dificultades están teniendo su reflejo en la pérdida de valor de los activos y en los cambios de manos de estos a precios inferiores a los anteriores a la Reforma Energética.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Representa a más del 90% del sector en España, promueve el uso de la energía eólica, representa y defiende los intereses del sector.

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